Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Una abogada litigante fue sancionada con una multa de 837 mil pesos tras intentar tomar la palabra durante una audiencia, dictada por la jueza de Control del Primer Distrito Judicial en Ciudad Victoria.
HECHOS
Durante una audiencia penal —cuyo caso aún no ha trascendido por completo— la defensora intentó hacer uso de la palabra en el momento en que la juzgadora conducía la diligencia. Por esa acción, fue condenada a pagar 837 mil pesos.
Fuentes extraoficiales identifican a la jueza responsable como Mónica Iliana Pérez Chapa (o variante similar), quien ya ha sido objeto de críticas por imponer sanciones millonarias a otros litigantes en audiencias en Ciudad Victoria.
ANTECEDENTES RECIENTES
- En un caso distinto, la misma juzgadora impuso una multa de 1.3 millones de pesos (equivalente a 5 mil salarios mínimos vigentes) a una abogada que, según la jueza, interrumpió una audiencia. Esa sanción desató un fuerte debate sobre proporcionalidad, abuso de autoridad y derechos de los litigantes.
- Representantes de organizaciones de abogados y miembros del Poder Legislativo local han calificado esas multas como excesivas e inéditas, advirtiendo que podrían sentar un precedente preocupante para el ejercicio normal de la defensa técnica.
CRÍTICAS Y REACCIONES
La multa de 837 mil pesos ha sido considerada por algunos colegas como una forma de inhibir la defensa legal de los acusados. Críticos sostienen que sanciones de este calibre vulneran el derecho a una defensa técnica efectiva, y que la arbitrariedad de imponer sumas tan altas genera un ambiente de intimidación en las salas de audiencia. Muro Politico+2Notiviza Noreste+2
Por su parte, autoridades del Poder Judicial han señalado que los jueces tienen facultad para mantener el orden en las audiencias —pero hasta ahora no hay un pronunciamiento público que justifique por qué se eligieron multas tan elevadas en estos casos. Notiviza Noreste+2noticiasdetamaulipas.com+2
IMPLICACIONES
Este tipo de sanciones —que en múltiples ocasiones han superado el millón de pesos— abren un debate sobre el equilibrio entre la autoridad judicial para mantener el orden y los derechos fundamentales de las partes litigantes. Asimismo, evidencian la falta de criterios claros para la imposición de sanciones económicas en audiencias orales, lo que para algunos representa una posible vía de coacción hacia abogados defensores.
El caso de la abogada multada por 837 mil pesos se suma a otros recientes, lo que podría generar presión para la revisión de estos criterios por parte del órgano de disciplina judicial competente o incluso reformas normativas en la entidad.
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