Saltillo, Coahuila.– En política, quien tiene el tiempo y los datos, tiene el poder. Y en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas lo demostró con una operación quirúrgica en la reciente elección del presidente del Tribunal Electoral.

Lo que parecía un proceso rutinario derivó en un ensayo silencioso de control institucional, disfrazado de “cómputo lento”.

CÓMPUTO A LA MEDIDA

El magistrado Ernesto Camacho lideraba el conteo rápido y el PREP con una ventaja holgada. Sin embargo, los cómputos distritales —especialmente en Saltillo— se demoraron de forma estratégica.

No hubo orden lógico en la llegada de actas ni respeto a la secuencia numérica de distritos. Lo que sí hubo fue tiempo. Tiempo para proyectar escenarios, calcular márgenes y, llegado el momento, intervenir con paquetes “rezagados” que inclinaron la balanza.

Según fuentes cercanas al proceso, no se trató de un error operativo. Fue una estrategia diseñada para conocer con exactitud cuántos votos adicionales se necesitaban para revertir el resultado.

El objetivo se cumplió: Camacho quedó fuera y Sergio Díaz Rendón —el candidato impulsado por el gobernador— asumió la presidencia.

SEGUNDA JUGADA

La operación no se detuvo ahí. Un segundo blanco fue neutralizar a Guadalupe Orozco, quien representaba una amenaza para otra ficha del mandatario: la consejera Madeleine, cercana al Ejecutivo estatal.

En resumen, el gobernador no solo impuso un presidente, sino también estructuró un tribunal a modo.

SILENCIO CÓMPLICE

El INE local, encabezado por María del Carmen Álvarez García, observó el proceso sin intervenir. Una omisión que, para muchos, parece alineada con el proyecto político de la administración estatal.

DEMOCRACIA DIFERIDA

La elección en Coahuila se convirtió en un caso ejemplar de cómo, sin cambiar las reglas, es posible modificar los resultados.

Díaz Rendón —quien además arrastra señalamientos como deudor alimentario— logró avanzar. Mientras tanto, en los pasillos políticos y entre funcionarios crece un murmullo: lo que ocurrió no fue una elección, sino una decisión diferida desde el poder.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: si esto sucede con total calma en una elección judicial, ¿qué podría pasar en los próximos comicios?