Saltillo, Coahuila. – Lo que parecía una jornada electoral ejemplar terminó envuelto en controversia, acusaciones de fraude y una sospechosa complicidad entre autoridades electorales y el poder ejecutivo estatal. La elección en Coahuila ha sido señalada como manipulada luego de que, inexplicablemente, una ventaja de más de 90 mil votos a favor del magistrado en funciones Ernesto Camacho desapareciera de un momento a otro, otorgando el triunfo al candidato impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Sergio Díaz Rendón.

Las denuncias no tardaron en surgir. Camacho, quien había encabezado las preferencias de manera contundente durante toda la jornada y el conteo preliminar, fue desplazado del primer lugar con un paquete de actas que, según fuentes cercanas al proceso, fueron incorporadas de manera cuestionable al cierre del cómputo distrital. Todo esto bajo la mirada –y el silencio– de la presidenta de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, María del Carmen Álvarez García, conocida por su cercanía con el gobernador.

Según versiones de actores políticos y observadores del proceso, Álvarez García y Jiménez Salinas no solo comparten afinidades políticas, sino también encuentros frecuentes fuera de lo institucional: comidas, celebraciones y, al parecer, acuerdos. Acuerdos que ahora ponen en duda la imparcialidad del INE en la entidad.

La pregunta que flota en el aire es simple pero alarmante: ¿por qué robarse una elección con tanta evidencia pública? La respuesta, según analistas, es tan cruda como contundente: porque el candidato impuesto también garantizará el control de futuros procesos.

El caso se complica aún más al recordar que Sergio Díaz Rendón figura como deudor alimentario, lo que, por ley, lo convierte en inelegible para ocupar cargos públicos. ¿Por qué entonces el respaldo total del gobernador a un perfil legalmente cuestionable? ¿Qué se juega en esta elección como para arriesgarse a una invalidación posterior?

Lo ocurrido en Coahuila abre un capítulo más en la crisis de confianza hacia las instituciones electorales. Y mientras las autoridades callan, los ciudadanos se preguntan si su voto vale algo en un sistema donde los dados parecen estar cargados desde antes de iniciar la partida.