Buenos Aires, 15 de mayo de 2025 — El gobierno argentino anunció un endurecimiento del régimen migratorio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, aunque aún no ha sido publicado oficialmente, ya genera polémica por su contenido restrictivo. Entre los cambios más relevantes, se establece que todo extranjero condenado por cualquier delito será deportado, sin importar la gravedad del mismo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que también se negará la entrada a quienes tengan antecedentes penales en sus países de origen. Además, el decreto exigirá a quienes busquen la ciudadanía argentina residir por al menos dos años ininterrumpidos en el país o realizar una inversión económica considerable.

Otro de los puntos más controvertidos del decreto es el cobro de servicios públicos a extranjeros, incluyendo la atención médica y la educación universitaria. Las universidades podrán fijar aranceles para estudiantes no residentes permanentes, y todos los visitantes deberán contar con seguro médico obligatorio. Según Adorni, los hospitales públicos gastaron cerca de 100 millones de dólares en atención a extranjeros el año pasado.

El decreto también busca facilitar la deportación de migrantes que entren ilegalmente, presenten documentación falsa o cometan delitos menores. Hasta ahora, solo se expulsaba a quienes tenían condenas mayores a tres años. Además, se pidió al Poder Judicial acelerar los procesos migratorios para evitar demoras prolongadas.

Las medidas, impulsadas por el presidente Javier Milei, ya han sido criticadas por contradecir el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. Organizaciones sociales y expertos advierten que esta política podría dañar la histórica tradición argentina de apertura hacia la migración.