Ciudad de México. Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió su gestión ante los cuestionamientos por las contrataciones del organismo. Afirmó que su administración fue auditada y que está dispuesto a que se revise de nuevo, según declaraciones recogidas el 11 de noviembre por Excélsior.
Este 12 de noviembre, La Jornada publicó un reportaje en el que sostiene que las reglas de contratación vigentes durante su paso por el IFE y el INE habrían favorecido la concentración de contratos en empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. El diario también le atribuye casi el 80 % de las adjudicaciones directas.
El informe del Órgano Interno de Control registra 2,942 adjudicaciones directas de 3,835 procedimientos entre enero de 2015 y diciembre de 2023, alrededor del 77 %. Por monto, representaron 7,037 millones de pesos, el 32 % del total. El informe presenta cifras del instituto sin identificar en esa tabla quién dictaminó cada operación. Jacobo dejó el cargo el 3 de abril de 2023.
El reglamento del IFE aprobado en 2009 permitía al secretario ejecutivo dictaminar ciertas excepciones a la licitación pública. El reglamento del INE de 2020 mantuvo esa posibilidad para casos excepcionales y exigía justificación escrita del área requirente y recabar la opinión del órgano de control.
El Consejo General del INE acordó el 5 de noviembre solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios entre 2016 y 2026. Al día siguiente, el instituto informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.