Querétaro, Qro. — 14 de enero de 2026

El procedimiento ginecológico de retiro de un Dispositivo Intrauterino (DIU), considerado rutinario y de bajo riesgo, terminó en una tragedia médica para Vanessa Dib, una mujer de 31 años vecina de Querétaro, quien perdió ambas piernas y órganos reproductivos tras una cadena de presuntas negligencias médicas en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos se remontan a septiembre de 2018, cuando Vanessa acudió a una clínica del IMSS para retirar un DIU que se encontraba traslocado. De acuerdo con su testimonio, la extracción fue realizada únicamente con pinzas y sin estudios previos de imagen, como ultrasonido o radiografías, para verificar la ubicación exacta del dispositivo y anticipar posibles complicaciones.

Tres días después del procedimiento, la paciente comenzó a presentar intenso dolor lumbar y síntomas que alertaban un proceso infeccioso. Pese a ello, fue diagnosticada inicialmente con lumbalgia sin que se solicitaran estudios complementarios. Su estado de salud se deterioró rápidamente, desarrollando deshidratación severa, pérdida significativa de sangre y una infección que comprometió varios órganos.

Tras su ingreso a urgencias, Vanessa sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser intubada, conectada a ventilación mecánica y sometida a transfusiones. Para salvarle la vida, médicos determinaron la extirpación de su útero y de un ovario, debido al avance de la infección en la zona pélvica. Sin embargo, la infección progresó de tal manera que fue necesaria la amputación de ambas piernas, dejándola en condición de discapacidad permanente.

Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al IMSS al concluir que la atención brindada a Vanessa incumplió con los protocolos adecuados, vulnerando sus derechos a la salud, integridad personal y salud reproductiva. El organismo pidió una reparación integral del daño, que incluye atención médica permanente, prótesis funcionales, apoyo psicológico y una compensación económica acorde al impacto físico y emocional del caso.

Por parte del IMSS, se informó que la institución aceptó la recomendación de la CNDH y trabaja en su cumplimiento. No obstante, la víctima ha insistido en que las medidas ofrecidas han sido insuficientes frente a las consecuencias que enfrenta desde hace más de siete años, tanto en su vida personal como familiar.

El caso de Vanessa Dib se ha vuelto emblemático en la discusión pública sobre negligencia médica en México y ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de diagnóstico, seguimiento clínico y responsabilidad institucional para evitar que procedimientos simples se conviertan en tragedias irreversibles.