Minneapolis, Minnesota — 20 de enero de 2026
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis protagonizaron un incidente que rápidamente escaló a debate nacional, luego de difundirse un video donde una mujer discapacitada es retirada por la fuerza de su vehículo mientras se dirigía a una cita médica. El episodio se suma a un contexto de tensiones por el despliegue federal en la ciudad y ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y las garantías civiles en medio del operativo conocido como Operation Metro Surge.
La mujer, identificada como Aliya Rahman, ciudadana estadounidense y con discapacidad, fue detenida tras un operativo de ICE que, según autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), respondía a la obstrucción de actividades federales. Testigos y abogados aseguran que la mujer informó sobre su condición médica y que, aun así, agentes rompieron el vidrio del vehículo, cortaron el cinturón de seguridad y la arrastraron hacia el exterior para llevarla bajo custodia.
El caso provocó reacciones inmediatas en el ámbito legal. Días después, un juez federal emitió una orden para limitar el uso de la fuerza contra manifestantes, periodistas y observadores pacíficos, prohibiendo detenciones sin causa razonable y tácticas agresivas en operativos donde no exista riesgo inmediato. Dicha decisión surgió a raíz de demandas por violaciones a derechos constitucionales cometidas por agentes federales en Minnesota.
Sin embargo, el gobierno federal impugnó la medida. La administración Trump presentó una apelación argumentando que las restricciones judiciales interfieren con las operaciones migratorias en curso y no alteran los protocolos establecidos por ICE en Minnesota. Paralelamente, estados como Minnesota e Illinois han anunciado acciones legales para frenar lo que califican como una “invasión federal” en materia migratoria y de seguridad interna.
La escalada de tensión ha generado preocupación adicional en el ámbito de defensa. Fuentes del Pentágono confirmaron que cerca de 1 500 soldados permanecen en estado de alerta ante un potencial despliegue militar en territorio estatal, en caso de que los episodios de confrontación se intensifiquen.
Colectivos civiles y organizaciones de derechos humanos han denunciado que el operativo ha derivado en detenciones indiscriminadas, persecución a ciudadanos estadounidenses y agresiones contra personas con capacidades diferentes. A su vez, grupos políticos conservadores respaldan el despliegue federal señalando que responde a la necesidad de reforzar el control migratorio y el orden público.
Mientras tanto, Minneapolis continúa en medio de un escenario inédito: protestas continuas, procesos judiciales abiertos, apelaciones en curso y una operación federal que no muestra señales de reducción. El caso de Rahman —convertido en símbolo en redes sociales— ha complicado aún más el terreno político y jurídico en el estado, y podría influir en las próximas decisiones federales sobre seguridad interior y autoridad migratoria.
La historia sigue en desarrollo.