Washington / Ciudad de México, 12 de diciembre de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia internacional al reiterar su intención de emprender acciones militares directas contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, bajo el argumento de que representan una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense, especialmente por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Durante recientes declaraciones públicas y entrevistas con medios estadounidenses, Trump sostuvo que su gobierno “no puede seguir tolerando” la operación de organizaciones criminales que, según afirmó, son responsables de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos. En ese contexto, señaló que su administración evalúa todas las opciones disponibles, incluidas operaciones militares focalizadas, para desmantelar a estos grupos.
El mandatario estadounidense comparó estas posibles acciones con otras operaciones antinarcóticos realizadas fuera de su territorio, argumentando que las fuerzas armadas de su país cuentan con la capacidad de ubicar y neutralizar a los principales líderes criminales. No obstante, evitó detallar tiempos, alcances o mecanismos específicos de una eventual intervención.
Las declaraciones de Trump provocaron reacciones inmediatas en México, donde el gobierno federal reiteró su rechazo absoluto a cualquier acción militar extranjera dentro del país. Autoridades mexicanas subrayaron que la cooperación en materia de seguridad debe darse bajo esquemas de respeto a la soberanía, la coordinación bilateral y el marco del derecho internacional, descartando cualquier tipo de intervención unilateral.
Especialistas en relaciones internacionales y seguridad advierten que una acción de este tipo podría detonar una crisis diplomática de gran escala, además de tensiones económicas y sociales en la región. También recuerdan que el combate al narcotráfico es un fenómeno complejo que involucra factores como el consumo, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la cooperación judicial entre ambos países.
Organismos defensores de derechos humanos han alertado que el uso de fuerza militar en zonas donde operan cárteles podría poner en riesgo a la población civil y agravar la violencia, sin garantizar una reducción sostenida del crimen organizado.
Mientras tanto, el tema vuelve a colocarse en el centro del debate político y electoral en Estados Unidos, así como en la agenda bilateral con México, en un contexto marcado por la presión estadounidense para frenar el tráfico de drogas y la postura mexicana de defender su soberanía y enfoque propio de seguridad.